Desde el Grupo de Puebla expresamos nuestra profunda preocupación por la crisis política y social que atraviesa Bolivia, donde desde hace algunas semanas sindicatos campesinos, organizaciones obreras, mineros y otros trabajadores mantienen movilizaciones y bloqueos de rutas estratégicas, en el contexto de una crisis de combustibles, un conflicto agrario, demandas salariales insatisfechas y la oposición de amplios sectores de la sociedad boliviana a los planes de privatización impulsados por el gobierno.
Ante este escenario, hacemos un llamado firme al diálogo político entre el gobierno boliviano y los sectores movilizados, que aborde las causas estructurales de la crisis: la situación económica, el acceso al combustible y las demandas del pueblo boliviano. Como señaló la CIDH, el Estado debe garantizar el derecho a la protesta y, ante bloqueos prolongados que comprometen el derecho a la vida y la salud, priorizar el diálogo político. Exigimos además que todos los actores respeten el Estado de derecho y las garantías constitucionales, y que el gobierno ponga fin a la represión, a la detención arbitraria de manifestantes y al uso del sistema judicial para criminalizar a líderes populares e indígenas, incluido el expresidente Evo Morales.
Al mismo tiempo, rechazamos toda forma de injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. Las denuncias sobre el envío de material antidisturbios desde Argentina, así como el respaldo político y militar declarado por el gobierno de Estados Unidos a una de las partes del conflicto, constituyen intervenciones inaceptables que agravan la crisis y comprometen la soberanía del pueblo boliviano. Bolivia merece resolver sus diferencias sin presiones ni tutelas externas.
El futuro de Bolivia debe ser decidido por los bolivianos, a través del diálogo, el respeto a los derechos humanos y el pleno ejercicio de la soberanía popular.