El Grupo de Puebla expresa su profunda preocupación por el creciente deterioro de la confianza ciudadana en los sistemas de justicia en distintas partes del mundo. La independencia judicial, la imparcialidad de jueces y fiscales y el respeto irrestricto al debido proceso constituyen pilares esenciales de toda democracia. Cuando la justicia es percibida como un instrumento de persecución política, económica o mediática, no solo se vulneran derechos individuales: se debilita la legitimidad de las instituciones democráticas.
Observamos con preocupación la expansión del lawfare, entendido como la utilización indebida o abusiva de instrumentos judiciales para perseguir, neutralizar o excluir adversarios políticos. América Latina ha conocido numerosos episodios que obligan a una reflexión seria sobre la relación entre justicia, política, poderes económicos y medios de comunicación. Ninguna democracia puede aceptar que los tribunales se transformen en espacios de prolongación de la disputa política ni que las decisiones judiciales sean utilizadas para alterar la voluntad popular.
En este contexto, prestamos especial atención a la situación de España. La información publicada por El País, a partir de una encuesta de 40dB, según la cual un 65% de los ciudadanos considera que existe lawfare en España, constituye una señal de alarma que no puede ser ignorada. Del mismo modo, preocupa que solo un 32% considere justas e imparciales las decisiones de los magistrados y que un 60% estime que existe una fiscalización o sanción insuficiente frente a quienes desempeñan incorrectamente sus funciones. Estos datos revelan una crisis de confianza institucional que merece una respuesta democrática, transparente y profunda.
El Grupo de Puebla reafirma que la defensa de la independencia judicial no significa ausencia de control, transparencia o rendición de cuentas. Por el contrario, una justicia verdaderamente independiente debe estar protegida tanto de las presiones de los gobiernos como de la influencia de partidos políticos, grandes intereses económicos, corporaciones mediáticas y cualquier otro poder fáctico. La independencia judicial debe servir para garantizar derechos y libertades, nunca para construir espacios de poder sin responsabilidad democrática.
Hacemos un llamado a las fuerzas democráticas, a las instituciones europeas e iberoamericanas y a la comunidad jurídica internacional a promover un debate urgente sobre la independencia, imparcialidad y legitimidad de los sistemas judiciales. La democracia necesita jueces independientes, procedimientos transparentes, pleno respeto al debido proceso y garantías efectivas contra toda forma de instrumentalización política de la justicia. Sin una justicia imparcial no hay igualdad ante la ley; y sin igualdad ante la ley, la democracia pierde su sentido.