Las y los integrantes de Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia del Grupo de Puebla, expresamos nuestra preocupación por la aceleración de actuaciones judiciales contra el candidato presidencial peruano Roberto Sánchez en pleno desarrollo del proceso electoral y del escrutinio de votos.
Sin pronunciarnos sobre el fondo de causas que corresponden exclusivamente a los tribunales competentes, consideramos que el uso o la percepción de uso de mecanismos judiciales en períodos electorales constituye una cuestión de la mayor gravedad institucional. La experiencia latinoamericana demuestra que la activación o intensificación de procesos penales durante campañas electorales puede generar efectos políticos que afectan la igualdad de condiciones de la competencia democrática, la reputación de los candidatos y la confianza ciudadana en las instituciones.
Nuestra región conoce las consecuencias de la judicialización de la política y de la politización de la justicia. Casos ampliamente debatidos en América Latina, incluido el del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, han puesto de relieve la importancia de preservar rigurosamente la independencia judicial, el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías democráticas, especialmente cuando se encuentran en juego procesos electorales y la voluntad soberana de los pueblos.
Por ello, hacemos un llamado a todas las autoridades competentes del Perú a actuar con la máxima prudencia, imparcialidad y apego al Estado de Derecho. Del mismo modo, reafirmamos que toda controversia política debe resolverse prioritariamente mediante los mecanismos democráticos previstos por la Constitución y el sufragio ciudadano.
CLAJUD seguirá observando atentamente la evolución de la situación peruana, convencido de que la defensa de la democracia exige proteger simultáneamente la independencia de la justicia y el derecho de los pueblos a elegir libremente a sus representantes sin interferencias indebidas de ningún poder del Estado.
La fortaleza de una democracia se mide también por su capacidad de garantizar que los procesos judiciales no sean utilizados, ni percibidos, como instrumentos capaces de alterar el normal desarrollo de una elección o de condicionar la libre expresión de la soberanía popular.
Baltasar Garzón – jurista (España)
Carol Proner – jurista (Brasil)
Juarez Tavares – abogado (Brasil)
Gisele Ricobom – abogada (Brasil)
Enrique Santiago – político y abogado (España)
Gerardo Pisarello – político y abogado (España)
Guillaume Long – excanciller (Ecuador)
Larissa Ramina – abogada (Brasil)
Virgilio Hernández – abogado y político (Ecuador)
Elizabeth Gómez Alcorta – abogada (Argentina)
Emilio Camacho – jurista (Paraguay)
Lina Mejía – abogada (Colombia)
Silvina Romano – historiadora y comunicadora (Argentina)