Nosotros y nosotras, integrantes del Grupo Parlamentario Progresista Iberoamericano del Grupo de Puebla, reunidos en nuestro primer encuentro a los 03 días del mes de julio de 2020;
VISTAS
La Declaración de Puebla del 14 de julio de 2019, que en su punto 7 señala entre sus principios de acción: “garantizar una educación y salud pública de calidad”, así como la Declaración resultante del Encuentro Virtual del 15 de mayo de 2020, en la cual se establece que “ante la pandemia existe la necesidad de asumir la salud como un bien público global”;
a Declaración constitutiva del Grupo Parlamentario Progresista Iberoamericano del Grupo de Puebla, la cual señala entre sus Objetivos: “desarrollar y articular iniciativas legislativas de los miembros” y como Principios de acción: “Promoción del rol protagónico del Estado como garante del bienestar común, la vigencia de los derechos humanos, educación y salud pública, servicios básicos y protección social”;
Las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/74/270 sobre la «Solidaridad mundial para luchar contra la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19)» y A/RES/74/274 sobre la «Cooperación internacional para garantizar el acceso mundial a los medicamentos, las vacunas y el equipo médico con los que hacer frente a la COVID-19»;
La declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del pasado 11 de marzo, en la cual se considera a la COVID-19 como pandemia; la Resolución A73 adoptada por la 73° Asamblea Mundial de la Salud, la cual hace un llamamiento a que se otorgue prioridad a nivel mundial al acceso universal, oportuno y equitativo a todas las tecnologías y productos sanitarios esenciales de calidad, seguros, eficaces y asequibles, incluidos sus componentes y precursores, que sean necesarios para la respuesta a la pandemia de la COVID-19, así como a su distribución justa, y para que se eliminen urgentemente los obstáculos injustificados que dificulten dicho acceso y distribución, en consonancia con las disposiciones de los tratados internacionales pertinentes, en particular las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) y las flexibilidades reconocidas en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública;
CONSIDERANDO
Que la pandemia de COVID-19 ha alcanzado a más de diez millones de personas en el mundo y ha causado casi 500 mil muertes hasta la fecha, generando una profunda preocupación por la morbilidad y la mortalidad causadas y teniendo un alcance global sin precedentes, que obliga a adoptar políticas globales y regionales;
Que la pandemia de COVID-19 afecta especialmente a sectores vulnerables, causando efectos negativos en materia de salud y desarrollo, especialmente en aquellos países de bajos y medios ingresos, así como aquellos en desarrollo, afectando negativamente a la sociedad y la economía, profundizando por ende la desigualdad en y entre nuestros países;
La necesidad de garantizar que todos los países puedan acceder de manera rápida y a bajos costos, a equipos, medicamentos, vacunas y tratamientos de calidad, eficaces y asequibles, así como al desarrollo local tecnología, a los efectos de salvaguardar la vida de la mayor cantidad posible de ciudadanas y ciudadanos;
Que la industria farmacéutica mundial, gracias a aportes privados y públicos, se encuentra desarrollando varias investigaciones destinadas a lograr la producción de vacunas que permitan combatir el virus que produce la COVID-19;
La función de la inmunización extensiva contra la COVID-19 como bien de salud pública mundial en la prevención, la contención y la detención de la transmisión con miras a poner fin a la pandemia, una vez que se disponga de vacunas seguras, de calidad, eficaces, efectivas, accesibles y asequibles;
RESOLVEMOS
Primero: Hacer un llamado a los gobiernos iberoamericanos y a las instancias multilaterales regionales, a considerar la vacuna y tratamientos para curar la COVID-19, como bienes públicos de acceso universal y gratuito, garantizando su disponibilidad y distribución para toda la población;
Segundo: Aprobar la presentación conjunta y coordinada, sea ante organismos legislativos nacionales, como ante instancias de integración regional, de iniciativas legislativas que insten a las autoridades ejecutivas de nuestros países a: declarar la vacuna contra el SARS-CoV-2 y posibles tratamientos efectivos, como bienes de uso público, universal y gratuito; adoptar políticas, como la declaración de licencias obligatorias y el desarrollo local de tecnología, que aseguren el acceso libre de la vacuna a nuestros países, garantizando su justa distribución; y apoyar en todas las instancias multilaterales, posiciones conjuntas con otros países en defensa del derecho al acceso universal y gratuito a tratamientos y vacunas contra el COVID-19, debiendo rechazar cualquier intento de registro o patente relacionadas a la COVID-19 que pueda dificultar o encarecer el acceso a tratamientos o vacunas.