Declaración del CLAJUD – Seguimiento del Proceso Electoral Boliviano – nota de atención

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El Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia del Grupo de Puebla – CLAJUD – observa con atención el proceso electoral boliviano, la legalidad y la regularidad de los actos previos, necesarias para garantizar que el país pueda retomar los caminos institucionales que se rompieron con la interrupción del mandato constitucional y con los graves acontecimientos que han ocurrido en el país, que condujeron a la renuncia y el exilio forzado del ex Presidente Evo Morales y el ex Vicepresidente Álvaro García Linera.

El proceso electoral boliviano, desde sus primeros actos, se ha convertido en un paradigma para toda la región y, de su conformidad legal, dependerá la legitimidad del proceso electoral en su conjunto. En ese sentido, RECHAZAMOS LA DECISIÓN ASUMIDA POR EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DE INHABILITAR LAS CANDIDATURAS A SENADORES DEL EX PRESIDENTE EVO MORALES AYMA Y DEL EX CANCILLER DIEGO PARY RODRÍGUEZ, basada en débiles argumentos que violan la legalidad constitucional y convencional en materia de derechos civiles y políticos.

La decisión del Tribunal Supremo Electoral, además de violar sus derechos políticos, ignora el contexto especial de ruptura institucional que obligó a ambos candidatos a abandonar el territorio boliviano para proteger sus vidas y genera una desigualdad de trato del Movimiento al Socialismo (MAS) con relación a los otros frentes políticos.

CLAJUD llama la atención sobre este flagrante atentado contra la democracia del país, insta al Tribunal Supremo Electoral a reconsiderar su decisión basada en la obligación de los órganos del Estado de realizar el control de convencionalidad sobre sus decisiones, así como a la revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional cuando corresponda, y convoca a los órganos internacionales de derechos humanos para que asuman su responsabilidad ante una nueva ilegalidad en el proceso destituyente de Bolivia, con graves consecuencias para su pueblo y afectando todo el sistema de garantías y derechos fundamentales conquistados como criterio de estabilidad y paz entre Naciones.

Firmado, 20 de febrero de 2020