Una misión internacional encabezada por el coordinador del Grupo de Puebla, Marco Enríquez-Ominami, y el diputado de las Cortes Generales de España y secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, fue impedida de visitar al presidente Pedro Castillo Terrones, quien se encuentra privado de libertad en el penal de Barbadillo, Lima, desde diciembre de 2022.
La visita, autorizada formalmente con antelación y solicitada por el propio presidente Castillo a través de su abogado Wilfredo Robles, formaba parte de una misión de observación y verificación internacional sobre las condiciones de su reclusión. Ambos representantes internacionales recorrieron más de 11.000 kilómetros para llegar al penal el 1 de junio de 2025, según lo establecido por las autoridades peruanas. Sin embargo, y pese a presentarse puntualmente, nunca se les permitió el ingreso, sin que hasta la fecha se les haya entregado una justificación oficial.
Durante su estadía en Lima, la misión también sostuvo encuentros con organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y representantes de comunidades afectadas por la represión a las protestas que siguieron a la destitución del presidente Castillo. Como se señala en el informe adjunto, la represión dejó al menos 49 personas fallecidas, cientos de heridos y decenas de encarcelamientos arbitrarios, en su mayoría personas de origen popular y de pueblos originarios.
Agradezco a los parlamentarios de EUROLAT por no callar ante los atropellos que sufro y que sufre mi pueblo. Esta prisión injusta, condenada por la comunidad internacional, prueba que nuestra lucha trasciende fronteras. No callarán a los humildes, a los quechuas, aymaras, a los… pic.twitter.com/w8TWlCWBOR
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) June 5, 2025
El Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud) expresan su profunda preocupación por las reiteradas violaciones a los derechos fundamentales del presidente Castillo, incluyendo las condiciones de su detención, su prolongada prisión preventiva de más de 900 días sin condena, y la negación injustificada de visitas, incluso de carácter humanitario y legal.
La misión denuncia que la obstrucción al ingreso de observadores internacionales no solo es un acto arbitrario, sino también una vulneración directa al derecho de Pedro Castillo a recibir visitas autorizadas, y una señal preocupante sobre la falta de garantías procesales y el uso del sistema judicial para fines políticos.
El Grupo de Puebla reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la democracia y el debido proceso en América Latina. Exige al Estado peruano el respeto irrestricto de las garantías individuales del presidente Pedro Castillo y el esclarecimiento de los hechos que han impedido esta visita internacional.
Descarga aquí el informe completo de la misión
INFORME SOBRE VISITA DE MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI Y ENRIQUE SANTIAGO ROMERO A LA CARCEL DE BARBADILLO