El mundo atraviesa un cambio de época que no admite lecturas complacientes. Este escenario no es singular, ni nuevo, ni original: es el retorno persistente a un hecho conocido en la historia de la humanidad, que la relación de fuerza está en la naturaleza misma del ejercicio del poder. Lo que observamos hoy no es una anomalía, sino la reaparición descarnada de esa constante.
El orden internacional que durante décadas se sostuvo en reglas, consensos y equilibrios está siendo reemplazado por una lógica más cruda: el poder volvió a ejercerse sin complejos. No se representa, no se declama: se ejerce.
Lo que hemos visto recientemente en nuestra región no constituye el inicio de esta etapa, sino su epílogo visible. No es el hecho que inaugura el problema, sino el síntoma final de un proceso que llevaba años incubándose. Este texto intenta precisamente eso: practicar una autopsia política. No sobre un evento aislado, sino sobre el proceso que lo hizo posible.
Las tensiones recientes en torno a territorios estratégicos, cadenas de valor, energía, tecnología, datos y comercio muestran que estamos entrando en una fase de nuevos imperialismos. Estos no se expresan únicamente en guerras convencionales, pero tampoco pueden entenderse sin la amenaza permanente del poder militar y el desarrollo de tecnologías bélicas inéditas. Junto a ello, operan formas de control económico, tecnológico, financiero y normativo. La soberanía ya no se pierde solo con ejércitos: también se erosiona con dependencia, asimetría y captura de decisiones.
En este contexto, distintas regiones han comenzado a entender que ya no basta con representar valores de paz; es necesario ejercer poder para defenderlos. Autonomía estratégica, capacidad estatal, decisión política y coordinación regional aparecen hoy como condiciones mínimas para preservar la democracia y la paz en un mundo cada vez más inestable.
La transición hacia un mundo multipolar no garantiza por sí misma mayor justicia o estabilidad. Sin capacidad política, económica y estratégica propia, los Estados —y especialmente las potencias medias— quedan expuestos a nuevas formas de subordinación. La multipolaridad sin soberanía efectiva puede reproducir dependencias bajo nuevas formas.
Este escenario interpela directamente a América Latina y el Caribe. Durante demasiado tiempo la región osciló entre la denuncia moral y la delegación de poder en otros. Hoy se abre una oportunidad distinta: resignificarse como un conjunto de potencias medias, capaces de articular soberanía democrática, desarrollo, protección social y cooperación regional, sin alineamientos automáticos ni tutelas externas. La articulación entre potencias medias comienza a perfilarse como uno de los pocos caminos viables para equilibrar un sistema internacional crecientemente inestable.
Pero esta oportunidad exige una autocrítica política honesta. Una parte de las fuerzas progresistas cayó en una trampa estratégica: confundir representación con ejercicio del poder. El lenguaje, la denuncia y la corrección simbólica pasaron a ocupar el lugar que antes tenía la organización, la decisión y la capacidad de gobernar.
Mientras algunos espacios se concentran en la deconstrucción permanente, otros actores ejercen el poder de manera feroz. No debaten: ordenan. No problematizan: deciden. No buscan consenso: imponen eficacia. Frente a sociedades cansadas, fragmentadas y desprotegidas, esa oferta —aunque peligrosa— resulta funcional.
El problema no es cultural; es político. Cuando la democracia no garantiza seguridad, trabajo, salud, vivienda y protección frente al abuso económico o tecnológico, el ciudadano no busca discursos sofisticados: busca protección. Y cuando no la encuentra en proyectos democráticos, termina optando por quienes prometen ejercer el poder sin límites.
Esto no implica renunciar al lenguaje, a los derechos ni a la diversidad. Implica devolverles su lugar. El lenguaje abre sentidos, nombra injusticias y construye horizontes, pero no reemplaza al poder democrático, no sustituye al Estado ni evita el conflicto. Sin capacidad de decisión, sin autoridad legítima y sin eficacia pública, la democracia se vuelve frágil.
El desafío del nuevo ciclo progresista no es parecerse al autoritarismo, sino reconstruir densidad política: Estados capaces, decisiones económicas con vocación democrática, soberanía tecnológica y energética, protección social efectiva y cooperación regional.
La defensa de la democracia ya no puede pensarse separada de la soberanía y del derecho a la libre determinación de los pueblos. En el escenario actual, ese vínculo vuelve a ser central. Lo que está en juego no es un dilema entre ser democráticos o evitar la subordinación externa. El dilema es otro: cómo sostener democracias que no deriven en nuevas formas de dependencia. Democracia y soberanía dejan de ser conceptos paralelos y pasan a ser condiciones recíprocas.
La paz ya no se sostiene solo con declaraciones. Se sostiene con capacidad democrática para ejercer poder, proteger a las mayorías y sostener una democracia que no sea solo un mecanismo para administrar crisis, sino una democracia capaz de producir prosperidad social, seguridad y dignidad para sus pueblos.
Pero aquí aparece un dilema más profundo, incómodo y decisivo. Defender la democracia, la soberanía y la paz obliga a enfrentar una tensión que el progresismo pocas veces ha querido mirar de frente: ¿es legítimo articular alianzas amplias con proyectos políticos, culturales o religiosos que contradicen nuestros propios valores? ¿O la alternativa es intentar imponer principios universales —herederos de la Revolución Francesa— aun a costa de vulnerar otro principio básico del orden internacional, como es la autodeterminación de los pueblos?
Sea cual sea el camino elegido, el desafío no es resolver las tensiones eliminando matices, sino aprender a articular a pesar de ellos. Frente a los liderazgos de derecha actuales que no siempre necesitan ganar elecciones para conquistar el poder con rapidez, la duda como método (tan propia de la tradición crítica de la izquierda) debe convivir simultánea y sucesivamente con la articulación política concreta. No se trata solo de representar valores, sino de construir las condiciones para ejercer el poder democrático que los haga posibles.
