Lawfare contra Evo Morales desde Perú

En enero de 2023, la fiscalía del Estado de Puno (Perú), inició proceso contra el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, por un supuesto delito de atentado contra la integridad nacional, para el que se prevé una pena de privación de la libertad por quince años o más. La denuncia fue presentada por Jorge Montoya, excomandante de las Fuerzas Armadas y actual congresista del partido ultraconservador Renovación Popular.

El argumento de la Fiscalía de Puno es que la iniciativa de unidad de los pueblos indígenas impulsada por Evo Morales conocida como RUNASUR implica una amenaza a la integridad territorial del país. Se considera como delito el impulso de esta iniciativa en un acto público protagonizado por Evo Morales en Puno, en noviembre de 2022. El meritado proceso no ha respetado ni uno solo de los derechos que corresponden a cualquier ciudadano en el marco de un Estado de democrático de derecho, además de basarse en unos hechos inexistentes, desde el momento en el que el expresidente Evo Morales tan solo acudió a recibir un Doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional del Altiplano Puno (UNAP), por su lucha en favor de los pueblos originarios, en el marco del más estricto respeto a las normas vigentes en Perú.

En este contexto, la Superintendencia Nacional de Migraciones prohibió, sin otro argumento que la intención persecutoria por razones políticas, el ingreso de Evo Morales a Perú, al tiempo que el Congreso lo declaró persona non grata.

Tanto el motivo de la denuncia, como el denunciante y la prohibición de entrar a territorio peruano dan cuenta de la hostilidad y el ánimo persecutorio contra una de las figuras más relevantes del progresismo y de los pueblos indígenas en el siglo XXI, quién ya sufrió un golpe de Estado.

Las consecuencias podrían ser sumamente graves a medio plazo, al haber propiciado una cadena de actos procesales nulos y ajenos al debido proceso judicial más básico y que buscaría disciplinar, amedrentar e incluso inhabilitar políticamente a Evo Morales mediante la judicialización de su actividad como líder internacional, en un ejemplo más de lawfare extraterritorial.

Desde CLAJUD rechazamos de forma radical este nuevo intento de instrumentalización del derecho al servicio de espurios intereses políticos contra Evo Morales y hacemos un llamamiento a la comunidad internacional y a los organismos regionales e internacionales de Derechos Humanos a tomar nota de lo sucedido y obrar para condenar y detener esta persecución.