En el período comprendido entre 2015 y 2019 fue procesada reiteradamente, llegando a tener más de una de una docena de procesamientos en su contra, en casi todos los casos impulsados por los mismos jueces, fiscales y otros miembros del Poder Judicial que tenían vínculo con el entonces presidente Mauricio Macri. Al mismo tiempo, existen pruebas de que el Poder Ejecutivo diagramó operativos de vigilancia e inteligencia contra CFK y sus allegados. Existen escuchas ilegales filtradas en múltiples programas de televisión, radio y periódicos.
La causa Vialidad, por la que la fiscalía pidió contra CFK este lunes 22 de agosto 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, investiga supuestos direccionamientos de la obra pública desarrollada en Santa Cruz durante sus dos mandatos presidenciales (2007 – 2015). El delito imputado a CFK es el de liderar una asociación ilícita, además de cometer el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. A lo largo de las audiencias se ha ido demostrando que no hubo sobreprecios, que las obras se concluyeron o se desarrollaron en tiempo y forma de acuerdo a los patrones habituales, y que no hubo favoritismos a empresarios digitados por la ex presidenta.
Esta causa muestra fuertes indicios de manipulación del caso judicial con fines políticos. Un hecho contundente, es que el Juez Gustavo Hornos, integrante de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, visitó al entonces presidente Macri en la Casa Rosada, el 31 de octubre de 2017, dos días antes de dictar el procesamiento de CFK en la causa.
La causa continuó en 2020 y 2021 con la declaración de numerosos testigos. El lunes 1° de agosto de 2022 se inició la exposición del alegato de los fiscales Mola y Luciani, cuando fundamentaron su acusación contra CFK hasta que realizaron el pedido de pena, con la particularidad de que modificaron algunos términos de la acusación inicial en el juicio. Esto motivó a que CFK solicitara ampliar su declaración indagatoria para el día 23 de agosto, lo cual fue rechazado por el Tribunal.
Con esa negativa, el juicio seguiría desde el 5 de septiembre con los alegatos de las defensas (en total son 13 defensas, la de CFK sería la 6ta. Defensa; cada cual tiene 3 días para exponer; hay audiencias 3 días por semana; aunque resta confirmar la agenda en función de los días que solicite cada defensa). Se estima que los alegatos de las defensas se extiendan unos 3 meses. Tras los alegatos de las defensas, el tribunal podrá dictar sentencia, que podría salir antes de fin de año.
El año próximo (año de elecciones presidenciales en Argentina) llegará la apelación ante la Cámara Federal de Casación, y finalmente, la decisión de la Corte, cuando la sentencia será definitiva. Ni Casación, ni la Corte tienen plazos reglados para resolver, dejando margen al uso político de la causa en vísperas de elecciones presidenciales.
El contexto es el de una creciente judicialización de la política, correspondiente con la pérdida de independencia e imparcialidad del Poder Judicial. La gravedad de la situación ya había sido alertada en un informe de la relatoría especial sobre independencia judicial de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, de 2019.
A este rol protagónico del aparato judicial en la política, se suma el protagonismo de medios de comunicación y redes sociales dedicados a la criminalización de CFK, mediante la espectacularización de las causas y la publicación de noticias falsas.
Desde CLAJUD hacemos un llamamiento a la comunidad internacional y a los organismos regionales e internacionales de Derechos Humanos para detener esta guerra por la vía judicial-mediática que no solo se vive en Argentina: la persecución contra Correa y el correísmo en Ecuador, el encarcelamiento de Lula da Silva en 2018 para impedirle llegar a elecciones, son ejemplos de la sistematicidad y permanencia del lawfare en la región, con un alto impacto en la política y la justicia social.
Adoración Guamán Hernández, jurista – ECUADOR/ESPAÑA
Aloizio Mercadante, economista – BRASIL
Baltazar Garzón, jurista – ESPAÑA
Carol Proner, jurista – BRASIL
Damian Loreti, abogado – ARGENTINA
Eli Gomez Alcorta, abogada – ARGENTINA
Emilio Camacho, jurista – PARAGUAY
Enrique Santiago, político y abogado – ESPAÑA
Ernesto Samper, abogado, político y economista– COLÔMBIA
Gisele Cittadino, jurista – BRASIL
Gisele Ricobom, abogada – BRASIL
José Eduardo Cardozo, abogado – BRASIL
Juan Martín Mena, abogado – ARGENTINA
Juárez Tavares, abogado – BRASIL
Marco Enríquez-Ominami, cineasta y político – CHILE
Pedro Serrano, abogado – BRASIL.
Roberto Manuel Carlés, abogado – ARGENTINA
Gerardo Pisarello, político y jurista – ESPAÑA
Alfredo Beltrán Sierra, abogado – COLOMBIA
Charlotth Back, jurista – BRASIL
Guillaume Long, historiador y politólogo – ECUADOR
Harold Correa, abogado y consultor– CHILE
Jaime Quiroga Carvajal, abogado – BOLÍVIA
Larissa Ramina, abogada – BRASIL
María José Fariñas Dulce, jurista y profesora– ESPAÑA
Silvina Romano, historiadora y comunicadora social – ARGENTINA
Esther Burgos, abogada – MÉXICO
Lina Mejía Torres, abogada- COLOMBIA
Virgilio Hernández- ECUADOR
Guillermo Puyana – COLOMBIA