El Grupo de Puebla y progresismo colombiano se reunieron para hacer un llamado de alerta a la comunidad internacional por la crisis en Colombia

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Debido a los preocupantes acontecimientos ocurridos en Colombia desde el pasado 28 de abril, en donde se han reportado graves y continuas violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, el Grupo de Puebla -organización iberoamericana y del Caribe que cuenta con 52 líderes de 16 países- se reunió en el X taller interno de trabajo, con miembros del progresismo colombiano para abordar las posibles salidas a la crisis que vive el país.

A la jornada, asistió el expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica; el expresidente de Colombia, Ernesto Samper; el excandidato presidencial de Colombia, Gustavo Petro; el excandidato a la presidencia de Chile y Uruguay, Marco Enríquez-Ominami y Daniel Martínez, respectivamente; entre otras y otros, además de miembros del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD); líderes del progresismo colombiano, Ángela María Robledo, Clara López, María José Pizarro, Roy Barreras y Carlos Caicedo, entre otros.

Al comenzar, el expresidente de Colombia y fundador del Grupo de Puebla, Ernesto Samper Pizano, inició explicando que internacionalmente se tiende a pensar que la multitudinaria movilización en Colombia tiene que ver exclusivamente con la reforma tributaria impulsada por el gobierno, donde recayeron los costos sociales de la pandemia en la calle media. Pero, al retirarse la reforma no cesó la movilización y esto es porque la reforma fue el detonante de una situación más complicada que se venía viviendo por el incumplimiento por parte del gobierno de los compromisos pactados en 2019 producto de movilizaciones en ese año; los estragos sociales de la pandemia; el incumplimiento de los Acuerdos de paz pactados en La Habana y el cese de negociaciones con el Ejército Nacional de Liberación -ELN-.

Luego, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica dijo que “lo que pasa en Colombia, en el fondo, está pasando en muchas partes de América Latina. Si esta expresión de cambio, no se logra materializar en una expresión política de largo aliento, sería una frustración a la energía que están gastando los jóvenes”. También, se refirió a su participación en el Componente Internacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). “Un capítulo aparte es el proceso de paz en el que estoy comprometido en una especie de comisión que no sirve absolutamente para nada y que precisaría que aquellos de la FARC que se han institucionalizado como corriente política, que se comuniquen, me den información, porque voy a definir qué voy a hacer, a mí me ha llegado información masiva del gobierno de Colombia, pero naturalmente cuando veo las cifras, tengo mis dudas, como mínimo, por no decir mis angustias existenciales”, dijo.

“Colombia ha vivido 210 años entre balas, resistencia y votos” reflexionó la congresista de Colombia Ángela María Robledo, quien además afirmó que “el país vive una de las movilizaciones más grandes de la historia, a pesar que en el 2019 la movilización fue reprimida y, por esto, un juez ordenó al Gobierno de Duque pedir perdón y trabajar en procesos para que las Fuerzas Armadas respeten los derechos humanos. No existen organismos de control para reportar la barbarie judicial porque quienes ocupan los cargos son amigos del gobierno, por esto, las organizaciones sociales son quienes han asumido el rol de levantar las denuncias de los ciudadanos”.

“El Grupo de Puebla puede ayudar en la configuración de un espacio, como el que se hizo en venezuela, para que un grupo de países latinoamericanos traten estos hechos como el tratamiento policial y bélico al derecho a la protesta, el asesinato a líderes sociales, las masacres y la ruptura del proceso de paz. Propongo países como Argentina, México y Bolivia, y además, examinar si es posible activar el mecanismo de la carta democrática en la Organización de Estados Americanos -OEA- y activar la Corte Penal Internacional para que tome competencia sobre los delitos de lesa humanidad a partir del Estatuto de Roma para abrir una negociación con estados sociales. La violencia es construida desde el gobierno porque necesitan del caos y la zozobra para mantener el poder político”, dijo el excandidato presidencial de Colombia, Gustavo Petro.

Por su parte, Carlos Caicedo, gobernador del departamento del Magdalena, Colombia, dice que se ha acusado a los jóvenes manifestantes como extremistas, pero que en la historia, estos extremistas han sido fundamentales para que el país cambie. “Las movilizaciones claman cambio, el fin del ciclo del neoliberalismo que lo único que nos dejó fue más de 21 millones de pobres. El Gobierno incumple sistemáticamente lo que promete. Persigue a los movimientos alternativos y progresistas y tiene como propósito perpetuar un modelo excluyente desde la represión”.

La congresista de Colombia, María José Pizarro, se conectó al encuentro desde el barrio Siloé en Cali, Colombia, donde se ha visto una grave represión de la fuerza pública a las manifestaciones. Desde allí se pronunciaron diferentes líderes de las protestas -quienes están en la resistencia de la primera línea- donde pidieron presencia de la comunidad internacional para que haya verificación sobre los desaparecidos y se exija al gobierno que pare con las graves y continuas violaciones a derechos humanos de las que están siendo víctimas.

Por otro lado, Óscar Laborde, Presidente del Observatorio de la Democracia y Vicepresidente de Mercosur, dijo que: “envié una carta al presidente Iván Duque donde instamos al inicio formal de negociaciones que permitan acuerdos políticos sociales e institucionales que restablezcan la paz en vuestro país y ratifiquen el compromiso democrático del Estado de la República de Colombia. Propongo una mesa de trabajo internacional que impulse el restablecimiento de la paz”.

Finalmente, el encargado de la relatoría del encuentro, el excandidato presidencial chileno y fundador del Grupo de Puebla, Marco Enríquez-Ominami, dijo que “tanto en Chile, como en Ecuador, y en muchos países hemos vivido protestas donde se han violentado los derechos y las garantías básicas. Vamos a responder a este llamado de acompañar el proceso de paz en Colombia, y hacer un llamado para frenar la masacre. De estas crisis no solo tiene que salir la renta básica, sino que se tiene que avanzar en la idea que un grupo de gobiernos se articulen, para acompañar el proceso”.

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