El Grupo de Puebla expresa su profunda preocupación ante la severa crisis económica, social e institucional desatada en la República del Paraguay tras la intervención y el inicio del proceso de resolución y disolución de Ueno Bank ordenado por el Banco Central del Paraguay (BCP). La medida regulatoria, motivada por una caída crítica de la solvencia de la entidad por debajo del 50% del mínimo legal, ha dejado temporalmente sin acceso a sus fondos a cerca de 3 millones de personas en un país de poco más de 6 millones de habitantes.
1. Una crisis sin precedentes y el colapso de los ahorros públicos
La intervención ordenada por el BCP tras constatarse que la solvencia de la entidad cayó estrepitosamente ha generado un escenario de virtual “corralito”, protestas e indignación popular. Resulta alarmante que esta crisis no solo afecte los ahorros privados de millones de paraguayos, sino que haya puesto en riesgo e involucrado cerca de 850 millones de dólares en fondos públicos y carteras estratégicas, incluyendo recursos vitales del Instituto de Previsión Social (IPS) destinados a la seguridad social de trabajadores y jubilados. Los ahorros de toda una vida y los recursos previsionales no pueden quedar expuestos a decisiones financieras irresponsables ni a graves conflictos de intereses.
2. El conflicto de intereses, los vínculos corporativos y la salida del poder
La gravedad de los hechos se incrementó notablemente debido a los evidentes y profundos vínculos del exmandatario Santiago Peña con el grupo controlador de Ueno Bank, entidad de la cual fue accionista hasta su desvinculación formal en 2025. Esta conexión puso de manifiesto un inaceptable conflicto de intereses, donde las fronteras entre los negocios privados y la administración de los recursos del Estado comprometieron gravemente la fe pública y la gobernabilidad democrática.
La renuncia de Santiago Peña a la presidencia de la República confirma la insostenibilidad institucional provocada por el estallido de esta crisis financiera y el profundo rechazo ciudadano a la mezcla entre los negocios corporativos y el ejercicio del poder público.
3. El rol de las instituciones y la depuración de responsabilidades
Ante la conmoción nacional, la destitución y renuncia de altos funcionarios del BCP y la presión de los mecanismos de control político, se abre una nueva etapa institucional en Paraguay. Corresponde ahora a los poderes del Estado garantizar una transición ordenada, un estricto respeto a la Constitución y el avance de las investigaciones judiciales independientes para determinar las responsabilidades penales, administrativas y patrimoniales que correspondan, sin privilegios ni impunidad.
El Grupo de Puebla expresa su solidaridad con los ahorristas, trabajadores y jubilados afectados, y exige:
- La protección efectiva, restitución y devolución de los depósitos y de los recursos de la seguridad social del IPS.
- Una investigación judicial independiente, rigurosa y sin privilegios, que esclarezca las causas del colapso financiero y respalde los embargos y medidas cautelares sobre los bienes involucrados.
- Transparencia absoluta sobre los vínculos entre las autoridades públicas y los grupos financieros.
- El pleno respeto a los mecanismos constitucionales de control y rendición de cuentas en esta nueva etapa.
América Latina y el Caribe necesitan instituciones fuertes, controles independientes y gobiernos que respondan exclusivamente al bienestar de sus pueblos.
El poder político debe rendir cuentas y las responsabilidades de esta crisis deben investigarse, sin privilegios ni impunidad.