El expresidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano y los Senadores de la República Iván Cepeda y Antonio Sanguino hicieron un balance de la crisis de derechos humanos que se vive en Colombia y propusieron soluciones

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Se reunieron de forma virtual, en el marco de “Diálogos de Cambio del Grupo de Puebla”.

Ernesto Samper, expresidente de Colombia, inició lamentando la situación que se vive en su país. Hoy Colombia vuelve a ser noticia por las circunstancias negativas que está padeciendo por las violaciones a los derechos humanos en medio de los cinco días de protestas. Explicó dos factores para entender las movilizaciones sociales, primero, la austeridad en las respuestas sociales del gobierno en medio de la pandemia, la pobreza subió a un 42% y la tasa de desempleo se duplicó. Mientras la vacunación va por las escaleras, los contagios van en ascensor, el segundo factor fue la reforma tributaria impulsada por el gobierno y fue el elemento detonante ya que golpeaba los salarios, las pensiones y directamente a la clase media.

Denunció los dos panoramas que han construido para el escenario preelectoral: uno de guerra, que profundiza las contradicciones y está acabando con los acuerdos de paz, y el segundo, polarizar ideológicamente el espectro político reemplazando el poder civil por el militar en el manejo de cuestiones de orden público. Rechazó la propuesta que se ha rumorado durante el día – decretar el estado de conmoción interior-, que le daría al gobierno facultades extraordinarias para limitar la movilidad, el derecho de expresión y de alguna manera fortalecer la respuesta excesiva de fuerza. Señaló que está preocupado por la aparición de la teoría “neofachista” de -la revolución molecular disipada- la cual considera cualquier ciudadano manifestante como un terrorista e invita a responder con uso excesivo de la fuerza para reprimir y controlar.

Iván Cepeda afirmó que el panorama social y económico desalentador ha hecho que los protestantes arriesguen su salud en condiciones difíciles y con una gran represión. Lo que se vive en Colombia no es una protesta sino una movilización con perfil de cambio político que responde a un acumulado de inconformidades; hay una gran presencia de jóvenes, mujeres y movimientos sociales para poner presente que hay hambre y una situación extrema. Denunció que el gobierno opta por una nueva política de seguridad bajo la doctrina de la revolución molecular disipada que consiste en concebir la movilización no como derecho, sino como guerra social y darle el tratamiento de operación militar- “Cali es el laboratorio de estas situaciones”-. Además, hay un nuevo concepto de enemigo interno: ya no son guerrillas rurales sino “terroristas urbanos” apuntando a los estudiantes, a la juventud colombiana. Y se complementan con “métodos zanahoria”: conversación nacional. Una interminable charla que no conduce a ninguna parte y que da lugar a acciones autoritarias y drásticas como el estado de conmoción interior.

Antonio Sanguino agregó al balance de la crisis que vive el país: el Gobierno está construyendo una narrativa que acude al viejo expediente de la seguridad nacional y del enemigo interno que incorpora prácticas “innovadoras”, a las que ya conocíamos de restricción a las libertades públicas con el pretexto de derrotar a la guerrilla. Mencionó que para el gobierno ya no es sostenible la tesis de que todo lo que ha ocurrido en materia de violencia es producto de una estrategia las disidencias de “Nueva Marquetalia” y ELN, por eso ahora, está acudiendo deliberadamente a una suerte de vandalismo inducido y contratado que le sirve para criminalizar la protesta, generar terror, que la población demande la presencia pública para cometer abusos y ejercer la presión indiscriminada. Resaltó las cifras de ongs como Temblores, las cuales revelan que van en 37 muertos, 87 desaparecidos, 800 detenciones arbitrarias, 1500 acciones de abuso policial y 10 casos de abuso sexual.

Por otro lado, resaltó que el Gobierno se ha negado a la renta básica, a la matrícula cero para los estudiantes y a las propuestas impulsadas por el sector progresista. El 37% de los jóvenes no ha podido pagar la matrícula, la pobreza extrema subió 2,9%, se quebraron 500 mil micronegocios y más de 140 mil empresas durante la pandemia.

Por lo anterior, los tres líderes políticos convergieron en que las soluciones a la crisis deben recoger las demandas no resueltas por el Gobierno como: el diálogo útil con todos los sectores sociales y políticos, la renta básica, matrícula cero para los estudiantes, apoyo de conectividad, apoyo a los microempresarios y pequeños negocios, la implementación del Acuerdo de Paz y el cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano con las comunidades en los territorios.

Ya la ciudadanía ganó, lo que hay que ganar ahora es un plan de emergencia social y las elecciones del 2022, concluyó el Senador Sanguino.

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