El Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia del Grupo de Puebla (CLAJUD) expresa la grave situación que experimenta la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien el 10 de junio cumplió un año presa, en el marco de la condena por la causa Vialidad, que determinó 6 años de prisión domiciliaria e inhabilitación política de por vida.
El CLAJUD se ha pronunciado en diversas oportunidades e incluso ha publicado un libro específico sobre la causa Vialidad (“Objetivo Cristina: el lawfare contra la democracia en Argentina”) donde expertos y expertas de América Latina y España señalan y analizan las numerosas faltas al debido proceso en la investigación judicial: anulación del principio de inocencia, evidente parcialidad de los jueces, sentencia previa y criminalización en medios de comunicación, etc.
Las condiciones de prisión domiciliaria se fueron endureciendo, agregando límite de visitas y control de desplazamiento en su propio domicilio, además de la obligación de utilizar una tobillera electrónica. Consejeros del Consejo de la Magistratura de la Nación presentaron un informe en el que sostienen que Cristina Fernández se encuentra detenida bajo condiciones “arbitrarias y discriminatorias”, más restrictivas que las impuestas a otros condenados por delitos federales, incluidos casos de lesa humanidad y narcotráfico.
Debe recordarse, asimismo, el intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022, intento de femimagnicidio que no ha sido investigado con la seriedad y profundidad que requiere este acto de máxima violencia. El acoso judicial a la ex presidenta ha sido permanente desde su llegada al ámbito público: lleva casi 800 denuncias realizadas por los mismos denunciantes seriales. Se le han abierto hasta 15 causas, y en ocasiones la citaron a 8 indagatorias el mismo día.
Este nivel de persecución encuentra su correlato en la permanente criminalización mediática, agravada por su condición de mujer en el desempeño de altos cargos en política. Cientos de horas de radio y tv descalificándola, desmoralizándola y ridiculizándola, sentenciando su culpabilidad mucho antes que lo resuelto en los tribunales, durante años.
Convocamos a organismos internacionales y defensores/as de derechos humanos a que realicen un seguimiento y observación de este caso, que no solo afecta a la ex mandataria y a su círculo cercano, sino que afecta de forma directa a la democracia y al Estado de Derecho en Argentina.
Baltasar Garzón – jurista (España)
Carol Proner – jurista (Brasil)
Juarez Tavares – abogado (Brasil)
Gisele Ricobom – abogada (Brasil)
Enrique Santiago – político y abogado (España)
Gerardo Pisarello – político y abogado (España)
Guillaume Long – excanciller (Ecuador)
Larissa Ramina – abogada (Brasil)
Virgilio Hernández – abogado y político (Ecuador)
Elizabeth Gómez Alcorta – abogada (Argentina)
Emilio Camacho – jurista (Paraguay)
Lina Mejía – abogada (Colombia)
Silvina Romano – historiadora y comunicadora (Argentina)