El Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia -CLAJUD- expresa su profunda preocupación por el clima electoral que se está viviendo en Colombia porque perjudica las legítimas aspiraciones y derechos de los sectores progresistas que están en la campaña y genera incertidumbre sobre la transparencia y fortaleza de las instituciones colombianas en las próximas elecciones.
Nos preocupa:
1. La suspensión de la Ley de Garantías – Ley 966 de 2005- que impedía la utilización de la contratación pública en épocas electorales, que ha resultado en beneficio de grupos afines a las fuerzas políticas vinculadas al gobierno del Presidente Duque, dineros que en algunas regiones del país se utilizaron para comprar votos en los últimos comicios electorales.
2. El nombramiento de Procuradores que actúan en contra de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al poder decidir sobre la libertad de los candidatos y funcionarios elegidos popularmente, competencia que debe ser exclusiva de los jueces penales de la República.
3. Las sistemáticas intromisiones públicas del Presidente de la República- Iván Duque- en el debate electoral para contradecir o descalificar las declaraciones del candidato de la oposición, Gustavo Petro. Entendemos que la intervención en política y mucho más en campañas políticas está vedada para los funcionarios públicos por disposición expresa del artículo 127 de la Constitución Nacional.
4. Las frecuentes denuncias procedentes de sectores afines al gobierno sobre la existencia de un fraude, cuando es precisamente el gobierno quien, al tener relación personal y directa con todos los organismos de control, podrían evitar unas elecciones fraudulentas que afectarían de manera directa el derecho a ser elegidos de los candidatos de la oposición.
5. La reciente y evidente intención por parte de los sectores afectos al gobierno, a través de organismos de control y magistrados cercanos a las Fuerzas Armadas, de utilizar políticamente casos judiciales que involucran personas cercanas al Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza para perjudicarlos electoralmente, violando normas del debido proceso como la presunción de inocencia y el ejercicio de la legítima defensa. Esta judicialización de la política (lawfare) puede tener un impacto profundamente negativo en la democracia colombiana como se ha demostrado en otros países de América Latina.
Preocupados por estas circunstancias, el Consejo Lationamericano de Justicia y Democracia formará parte de la delegación del Grupo de Puebla que solicitará a las autoridades correspondientes en Colombia su participación como Observador en las próximas elecciones de Colombia que se llevarán a cabo el 29 de mayo de 2022.
Firman,
Adoración Guamán Hernández, jurista – ECUADOR/ESPAÑA
Aloizio Mercadante, economista – BRASIL
Baltazar Garzón, jurista – ESPAÑA
Carol Proner, jurista – BRASIL
Damian Loreti, abogado – ARGENTINA
Eli Gomez Alcorta, abogada – ARGENTINA
Emilio Camacho, jurista – PARAGUAY
Enrique Santiago, político y abogado – ESPAÑA
Ernesto Samper, abogado, político y economista– COLÔMBIA
Gisele Cittadino, jurista – BRASIL
Gisele Ricobom, abogada – BRASIL
José Eduardo Cardozo, abogado – BRASIL
Juan Martín Mena, abogado – ARGENTINA
Juárez Tavares, abogado – BRASIL
Marco Enríquez-Ominami, cineasta y político – CHILE
Pedro Serrano, abogado – BRASIL.
Roberto Manuel Carlés, abogado – ARGENTINA
Gerardo Pisarello, político y jurista – ESPAÑA
Alfredo Beltrán Sierra, abogado – COLOMBIA
Charlotth Back, jurista – BRASIL
Guillaume Long, historiador y politólogo – ECUADOR
Harold Correa, abogado y consultor– CHILE
Jaime Quiroga Carvajal, abogado – BOLÍVIA
Larissa Ramina, abogada – BRASIL
María José Fariñas Dulce, jurista y profesora– ESPAÑA
Claudio Nash, abogado y consultor– CHILE
Silvina Romano, historiadora y comunicadora social – ARGENTINA
Esther Burgos, abogada – MÉXICO
Lina Mejía Torres, abogada- COLOMBIA
Virgilio Hernández- ECUADOR