EE.UU. es una amenaza para la paz en Colombia y el Caribe. El objetivo, ahora, es el presidente Gustavo Petro
El Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) observa con enorme preocupación las prácticas y normativas que viene aplicando el gobierno estadounidense de Donald Trump para contener el narcotráfico, asociando este fenómeno con el terrorismo y la migración. El efecto ha sido la criminalización de la migración y la aplicación de la categoría de “narco-terrorismo” a diversos hechos y eventos, profundizando desde EE.UU. la securitización y militarización en la lucha contra el narcotráfico a nivel regional (estrategia que ha demostrado escasos resultados positivos en los últimos 30 años).
No obstante, bajo el argumento del combate al narcotráfico, en agosto de 2025 el Comando Sur de EE.UU. ha ejecutado más de una decena de ataques letales a embarcaciones civiles. Fueron asesinadas casi cincuenta personas. En otras palabras: declarados actos de guerra en el Caribe, que están más vinculados a la necesidad de desestabilizar a Venezuela y ahora a Colombia, que de acabar con el narcotráfico.
En este contexto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció las actuaciones del gobierno estadounidense como una amenaza para la paz en la región.
Las represalias de EE.UU. a Colombia incluyen la reciente descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, afirmando que el gobierno no ha contribuido a reducir el narcotráfico.
A esto se suma el castigo directo al presidente y su familia. El 24 de octubre, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti en la lista de ciudadanos especialmente designados de la Oficina de Control de Activos Especiales (OFAC) utilizando la etiqueta “Designaciones Antinarcóticos”. Estos ataques desconocen las luchas que ha librado el propio presidente Petro, arriesgando su vida, contra el narcotráfico, su relación con los grupos criminales y paramilitares y la corrupción pública.
La inclusión de Gustavo Petro en la lista se produce en un contexto de tensión política y geoestratégica entre Washington por una parte y Venezuela y Colombia por otra, dos países cuyas autoridades están siendo acusadas por EEUU sin fundamento ni prueba alguna de estar implicadas en actividades de narcotráfico, en lo que parece una excusa para justificar operaciones ilegales de injerencia en la soberanía de esto países.
Desde el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia hacemos un llamado a la comunidad internacional a que alce su voz y se una a las denuncias contra el avance militar, la intrusión política y económica directa de EE.UU. en territorio de América Latina y el Caribe, alterando la paz, exacerbando la inestabilidad y propiciando escenarios de violencia en Colombia, Venezuela y todo el Caribe. Urge estrechar los lazos de solidaridad para rechazar esta guerra impuesta por EE.UU y acabar con esta forma peligrosa de “diplomacia ideológica” que viene desarrollando el gobierno del Presidente Trump satanizando a los países que no están de acuerdo con sus regresivas políticas.
Ernesto Samper, Ex Presidente, abogado, político y economista– COLOMBIA
Baltasar Garzón, Jurista – ESPAÑA
Marco Enríquez ominami, Cineasta y político – CHILE
Gerardo Pisarello, Político y abogado – ESPAÑA
Enrique Santiago, Político y abogado – ESPAÑA
Silvina Romano, Historiadora y comunicadora social – ARGENTINA
Guillaume Long, Historiador y politólogo – ECUADOR
Larissa Ramina, Abogada – BRASIL
Juárez Tavares, Abogado – BRASIL
Gisele Ricobom, Abogada – BRASIL