La decisión de la Procuraduría General de la Nación de crear más de 1.200 cargos en esta entidad, con el objetivo de mantener el poder de juzgar y sancionar a funcionarios de elección popular sin el respeto del debido proceso y la doble instancia, contraviene los estándares internacionales de protección de derechos humanos y representa un grave riesgo para la democracia y el sistema político en Colombia.
El reciente Decreto Presidencial que permite la creación de cargos en la Procuraduría General presuntamente obedecería al cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivada del caso Petro vs Colombia. Sin embargo, tal como lo señaló este Tribunal de manera reciente, dicho procedimiento no representa el cumplimiento de la decisión, al contrario, reitera la violación del mandato de la Convención Americana que proscribe que la limitación de derechos políticos de funcionarios públicos elegidos por votación popular solo puede ser decidida por un Juez competente en materia penal.
Las y los miembros de CLAJUD alertamos sobre el debilitamiento del Estado de Derecho en Colombia y hacemos un llamado al respeto de la democracia, del sistema electoral y el cumplimiento de estándares internacionales de protección a los derechos civiles y políticos especialmente en el contexto electoral. De igual forma, exhortamos al despliegue de una veeduría internacional que garantice el respeto a la democracia y las elecciones en los próximos meses en Colombia.
Firman,
Adoración Guamán Hernández, jurista – EQUADOR/ESPAÑA
Aloizio Mercadante, economista – BRASIL
Baltazar Garzón, jurista – ESPAÑA
Carol Proner, jurista – BRASIL
Damian Loreti, abogado – ARGENTINA
Eli Gomez Alcorta, abogada – ARGENTINA
Emilio Camacho, jurista – PARAGUAY
Enrique Santiago, político y abogado – ESPAÑA
Ernesto Samper, abogado, político y economista– COLÔMBIA
Gisele Cittadino, jurista – BRASIL
Gisele Ricobom, abogada – BRASIL
José Eduardo Cardozo, abogado – BRASIL
Juan Martín Mena, abogado – ARGENTINA
Juárez Tavares, abogado – BRASIL
Marco Enríquez-Ominami, cineasta y político – CHILE
Pedro Serrano, abogado – BRASIL.
Roberto Manuel Carlés, abogado – ARGENTINA
Gerardo Pisarello, político y jurista – ESPAÑA
Alfredo Beltrán Sierra, abogado – COLOMBIA
Charlotth Back, jurista – BRASIL
Guillaume Long, historiador y politólogo – ECUADOR
Harold Correa, abogado y consultor– CHILE
Jaime Quiroga Carvajal, abogado – BOLÍVIA
Larissa Ramina, abogada – BRASIL
María José Fariñas Dulce, jurista y profesora– ESPAÑA
Claudio Nash, abogado y consultor– CHILE
Silvina Romano, historiadora y comunicadora social – ARGENTINA
Esther Burgos, abogada – MÉXICO
Lina Mejía Torres, abogada- COLOMBIA