Desde el Grupo de Puebla expresamos nuestra profunda preocupación ante los graves hechos conocidos en Bolivia en torno al operador político argentino Fernando Cerimedo, actualmente investigado por la justicia de ese país. Corresponde a los tribunales establecer sus eventuales responsabilidades penales, con pleno respeto al debido proceso.
Pero el caso trasciende a una persona y a un país. Cerimedo ha tenido participación o vínculos documentados con las campañas de Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil, Rodrigo Paz en Bolivia, José Antonio Kast en Chile y operadores políticos vinculados a procesos electorales en Honduras, donde la intervención de redes digitales externas ha sido igualmente documentada.
El entramado no se reduce a Cerimedo. También debe observarse el papel del periodista y empresario español Javier Negre, socio de Cerimedo en La Derecha Diario, plataforma que ha extendido su presencia a distintos países de la región y forma parte de este ecosistema transnacional de comunicación política digital.
Lo que aparece detrás de estas revelaciones es una amenaza regional: redes transnacionales que utilizan dinero, tecnología, trolls, bots y campañas de desinformación para intervenir procesos electorales, destruir adversarios y manipular la conversación pública. No son fenómenos espontáneos: son operaciones organizadas, financiadas y ejecutadas con objetivos políticos precisos.
Estamos ante el riesgo de sustituir la democracia por una verdadera mafiocracia digital: estructuras privadas y opacas que buscan conquistar poder político sin transparencia ni control ciudadano. Cuando las elecciones se pueden comprar con algoritmos y desinformación, la soberanía popular deja de existir.
Por ello, resulta indispensable investigar quién financia estas redes, para quién trabajan, en qué elecciones han intervenido y cuáles son sus vínculos con partidos, gobiernos y grupos económicos. La opacidad es su principal aliada. La transparencia, nuestra mejor defensa.
El Grupo de Puebla llama a las instituciones judiciales, electorales y parlamentarias de los países involucrados a esclarecer estos hechos y propone avanzar hacia reglas regionales de transparencia sobre financiamiento digital de campañas, utilización masiva de bots y operaciones extranjeras de manipulación electoral.
Esta no es una discusión entre izquierda y derecha. Es una defensa de la democracia.
América Latina debe decidir si a sus gobernantes los eligen los ciudadanos o las mafias digitales.
Más democracia, más transparencia y más soberanía popular.
Rafael Correa, expresidente de Ecuador
Alberto Fernández, expresidente de Argentina
Ernesto Samper, expresidente de Colombia
Marco Enríquez-Ominami, coordinador del Grupo de Puebla
Carlos Tomada, exministro de trabajo, Argentina
Roberto Sánchez, exministro y excandidato presidencial, Perú
Camilo Lagos, presidente Fundación Progresa, Chile
Eduardo Valdés, diputado Nacional, Argentina
Jorge Taiana, exministro y exsenador nacional, Argentina
Irene Montero, exministra de igualdad y diputada del Parlamento Europeo, España
Cecilia Nicolini, parlamentaria del Mercosur, Argentina
Esperanza Martinez, Senadora de Paraguay
Johanna Ortega, Diputada Nacional, Paraguay
Sonia Gutierrez Raguay, Diputada Nacional, Guatemala
Andrés Arauz, exministro y excandidato presidencial, Ecuador
Ana Isabel Prera, exministra de cultura y exembajadora, Guatemala
Aída García Naranjo, exministra de la mujer y desarrollo social, Perú
Ricardo Patiño, excanciller, Ecuador
Hugo Martínez, excanciller, El Salvador