Sabemos de sobra que en un cónclave nunca llueve a gusto de todos, y que la fumata blanca con que tradicionalmente termina en el caso del Vaticano, debería incluir una gama de grises propia de las diferentes posturas que lo han protagonizado. Todo queda en el secreto eclesiástico, como tantas otras cosas impenetrables.
En lo que se refiere al recién celebrado en Roma, el cónclave de los cardenales, el humo cano anunciaba al cardenal Robert Prevost como nuevo Pontífice. La elección del nombre con el que se le conocerá para siempre en la historia, León XIV, tiene que ver con el recuerdo de León XIII, autor de la encíclica Rerum Novarum (1891), inicio y fundamento de la doctrina social de la Iglesia.
Tal decisión sustentaba las peores esperanzas de la derecha, incluso la de la propia institución: Este papa se decanta como su antecesor por las reformas de las condiciones laborales de los más vulnerables. En casa, supone un jarro de agua fría para los muy católicos partidarios del PP y adláteres extremos, que rechazan con toda su fuerza verbal y de inversión mediática cualquier avance en esta materia que suponga un bien para los trabajadores.
Poco tardarán también en reaccionar contra la orientación actual de la Iglesia católica y de su máximo dirigente, aun cuando se dan golpes de pecho afirmando ser más católicos que el propio sucesor de Pedro. No me extrañaría que, como hicieron con Franciscus, cuestionasen un papado que siga una línea progresista, dentro de lo que el progresismo puede activarse en la compleja y arcaica estructura de la Iglesia. Debido a ese atavismo, no creo que se avance demasiado en cuestiones referidas a las mujeres y su incorporación al sacerdocio, el trato y consideración al colectivo LGTBI+, los derechos reproductivos y algunos aspectos más del mismo orden; quizás sí respecto al medio ambiente, las migraciones, la paz o los derechos sociales. Veremos.
La consigna
Permítanme, ahora, hacer una comparativa religioso-política-judicial hacia adentro de nuestro país. Si se fijan, las críticas veladas o no que recibió Bergoglio por parte de los componentes más montaraces no son muy diferentes, en el ámbito político, a la actitud de nuestro principal partido de la oposición que, salvando las distancias, desde el primer momento consideró no legítimo el Gobierno de Pedro Sánchez, salido de las urnas, ni más ni menos que por haberles quitado el puesto en la Moncloa.
Con ese inicio, se han sucedido los hechos, muchas veces vergonzantes, al enturbiar sin consideración ni misericordia alguna la imagen de instituciones tan necesarias de ser fiables como la justicia (judicatura y fiscalía) si no están alineadas con sus postulados. O también, el trabajo en favor de la memoria y los derechos humanos.
La consigna del expresidente José María Aznar, auténtico mandatario del PP en la sombra, en los términos que conocemos de que “todo el que pueda hacer que haga”, ha sido adoptada con entusiasmo por los más variados protagonistas, entre ellos —y es un problema grave— un sector de jueces que aparentan sentir simpatía por tal directriz y por la formación que la emite.
No se entienden si no los despropósitos a los que asistimos, cada vez con más asombro por lo estrafalario de su recorrido. A mí, que me denominaron en su momento ‘juez estrella’, jamás se me habría ocurrido reclamar visitas frecuentes a la Moncloa para tomar declaraciones inocuas, _ex ante y ex post_, a altísimos cargos y exigir una tarima para ostentar una altura superior al declarante. En la instrucción no hay estrados ni tonterías de ese estilo para mayor ridículo de quien las reclama; sólo debe existir una investigación exhaustiva, coherente, basada en indicios reales, datos fehacientes y, sobre todo, imparcial, factores que echo en falta en el caso de la esposa del presidente del gobierno español que protagoniza el juez instructor.
Al respecto, me ha parecido oportuno el artículo de Antonio Maestre titulado “¿Con quién habla el juez Peinado?” que señala: “Es preciso preguntarse con quién habla el juez Peinado para llevar a cabo una instrucción tan escandalosa y si las motivaciones trascienden lo jurídico”. Es decir, a qué cónclaves asiste. El periodista tiene toda la razón al poner sobre la mesa esta cuestión. Me consta que el sector más progresista de la prensa se planteó no entrar en motivaciones personales al analizar los temas referidos a estos casos por parte de los jueces. De hacerse, se corre el riesgo de que también el ámbito de privacidad de los jueces se acorte. Con quiénes salen, con quiénes hablan, quiénes les invitan, a qué reuniones asisten, con qué personas, de qué conversan, cuáles son sus WhatsApp, sus correos, etc.
La derecha no tiene reparo en llegar a las relaciones más rocambolescas para intentar argumentar un escándalo. Lo estamos viviendo estos días en los que conversaciones privadas, sin contenido penal alguno, se extraen de una investigación de esta índole en la que no deberían estar
O, de estarlo, tendrían que haber sido expurgadas por mandato legal y decisión del juez que es garante del respeto al derecho a esa privacidad.
¿Intereses?
En el caso del Fiscal General del Estado, asistimos a otra instrucción, cuando menos sorprendente, errática y prospectiva, con la gravedad de estar produciendo perjuicio no solo al afectado sino a la Institución que representa.
Aquí se reúne otro cónclave peculiar: el de los fiscales que se pueden sentir perjudicados por esperar ascensos o nombramientos en su carrera —según lo previsto— y en cambio, ver cómo otros compañeros con similares o mayores méritos han accedido a los puestos deseados. Se observa ahí un interés determinado en acabar con la situación y lograr el recambio por otro Fiscal General que devuelva el agua a sus cauces conservadores. Como ven, no voy a entrar en lo que en muchos mentideros se ha planteado sobre la posible relación entre el papel del juez en esta causa y su ascenso meteórico a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, después de su voto particular contrario a la inclusión del PP como partícipe lucrativo de la trama Gürtel.
Obviados estos aspectos, me queda por tanto la visión de un instructor que no actúa correctamente desde el punto de vista técnico y que no ha medido las consecuencias de sus actos, sobre todo cuando ordena un registro en la Fiscalía General carente de limitación racional, corrigiéndolo una semana después, sin argumentación consistente. Y cuando critica que el investigado ejerza sus derechos y, alegremente, califica de exitosas (valoración prohibida para un instructor) unas comisiones rogatorias que después se convierten en agua de borrajas. Lo grave es que los análisis se quedan en la superficie y no profundizan en el camino y permanecen las maniobras para llegar a una conclusión que nunca podría producir efectos incriminatorios en el proceso, por su iniquidad.
Quizás podría hablarse de posibles cónclaves de la sala II para decidir cómo abordar el asunto del Fiscal General, que, a cada minuto que pasa, se convierte en una patata hirviente que ya abrasa a todo el que la toca. Y aunque, al final del camino, nos encontremos con una decisión absolutoria o de previo archivo, el daño está ya hecho y la aplicación de la regla, muy común en la judicatura española, de _“mantenella y no enmendalla”_ habrá producido efectos devastadores. No elucubraré sobre tales reuniones. No lo hice siquiera en mi caso en que se me establecieron tres causas a la vez, supongo que con la idea de aniquilarme profesionalmente por una o por otra. Aunque ya se nos hizo saber que existen quienes tienen intereses en controlar la Sala II “por detrás”.
Oscuros planteamientos
Pero aún existen otros cónclaves, aunque no se reúnan en la Capilla Sixtina, bajo las impresionantes pinturas de Miguel Ángel, sino en otras salas más anodinas, como la del Consejo General del Poder Judicial, donde ni siquiera se emite una fumata negra o blanca, anclados en sus resistencias cruzadas. Me refiero a la parálisis de la maquinaria del Supremo por motivos desconocidos y poco claros. Sin ir más lejos: ¿Por qué bloquean el nombramiento de dos mujeres para las presidencias de las Salas II y III? La pregunta es inevitable: ¿Por progresistas o por mujeres?
En este mundo de la justicia hay más cuestiones que parecen provenientes de cónclaves tácitos o secretos, entre políticos de la derecha rancia y algunos conservadores con toga, que explican la persistente negativa de los jueces a aplicar la Ley de Memoria Democrática o el empeño en minusvalorar la importancia de que la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática investigue los crímenes contra la humanidad cometidos con la connivencia del nazismo y el franquismo contra ciudadanos españoles en los campos de exterminio de Hitler. Por supuesto, el hecho de que la Audiencia Nacional reconozca en una sentencia que la miembro de ETA Iratxe Sorozabal sufrió torturas antes de su confesión producirá el efecto contrario hacia el tribunal que así lo ha fallado.
Como también –y da la impresión (por lo que se lee) de que tras algún otro cónclave inconfesable con algún medio de comunicación incluido– el PP pone en cuestión la actuación de la jueza que está instruyendo con una profesionalidad impecable el asunto de la Dana. Los de Núñez Feijóo y Mazón con la idea de tumbar el caso hablan de posible “asesoramiento” de su marido, también juez progresista, y por tal motivo las defensas de la consejera de interior y de su exjefe de emergencias se plantearon presentar una queja ante el CGPJ por si hubiera suerte.
Veremos, por otra parte, si el cónclave que anuncia el presidente de la formación popular para su propio partido sirve para afianzarle frente a las amenazas internas o acaba con él y con el barón valenciano que se diría lleva al cuello colgado como una losa.
El cónclave del Vaticano concluye con el humo níveo que precede a la noticia del nombramiento papal. Son reuniones secretas, pero conocemos a sus protagonistas y el fin perseguido. Los otros cónclaves, los que estamos viviendo a diario, tienen planteamientos oscuros, sus participantes se esconden y muchas veces buscan fines espurios y retorcidos. Al final, por la chimenea solo asoma una bocanada de hollín y suciedad que tizna a la sociedad y la impregna del tufo de las intenciones inconfesables.
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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de ‘Los disfraces del fascismo’.